¡No nos toquéis las pensiones!

Por más que las televisiones busquen desesperadamente nuevos programas de evasión, en las últimas semanas no han podido evitar que en las barras de los bares y en las colas del autobús se hable de otros temas de menos glamour. Los asuntos que han apartado del centro de muchas conversaciones a Jesulín, a Ronaldo o la duquesa de Alba, han sido los anuncios por parte del Gobierno de recortar las pensiones y pactar otra reforma laboral con los agentes sociales de siempre. A continuación no han tardado en aparecer en pantalla los expertos para darle un halo de credibilidad incuestionable a lo que no son más que burdos y brutales ataques a los derechos básicos de los ciudadanos.

Probablemente ya nadie se acuerde (ni siquiera los tertulianos mismos) de que tales personajes se han venido equivocando reiteradamente: ellos afirmaban que introducir contratos temporales crearía empleo, o que rebajar la indemnización de los despidos de 45 a 33 días invitaría a los empresarios a firmar contratos indefinidos. Ahora, sin embargo, no se cortan y proponen justo lo contrario, pero sin reconocer que se han equivocado o incluso que no tienen ni idea de por dónde van a ir los tiros.

Que quienes cobran al mes 4.000 euros y tienen asegurada una pensión de oro con sólo 11 años de ejercicio parlamentario se atrevan a exigir más años de cotización a los trabajadores es un insulto a la inteligencia; que aquellos que se blindan sus contratos multimillonarios y se agarran a los cargos como lapas vengan ahora a proponer un despido todavía más barato produciría risa si no fuera porque tienen los medios para imponerlo.

No es posible que UGT y CC OO hayan olvidado sus lemas pidiendo adelantar la jubilación o reducir la jornada laboral; algo de lo más lógico ante los casi 5 millones de parados. No parece muy inteligente ni adecuado que la generación mejor preparada de toda nuestra historia no encuentre trabajo (salvo algún contrato basura) hasta los 35 años y que a los mayores, que ya lo han dado todo, no sólo no se les adelante el merecido retiro sino que se esté amenazando con alargar dos años la vida laboral y exigir más tiempo cotizado.

Ni la Seguridad Social ni el propio sistema de pensiones están en peligro. Cada año arrojan un superávit escalofriante, incluso compensando las sucesivas reducciones de las aportaciones empresariales que se han ido aprobando. En todo caso, si en una hipotética fecha los ingresos no igualaran a los gastos, desde el Estado se habrían de destinar las partidas necesarias para que las personas mayores tengan una vejez tranquila y digna. Ministerios e instituciones como Defensa, Interior, Ejército, Casa Real, etc. generan mucho más déficit que las pensiones y a ningún gobierno se le ocurre reducir sus presupuestos.

No es entendible que se puedan destinar cientos de miles de millones a ayudar a la banca y a las grandes multinacionales mientras a los pobres se nos exigen mayores sacrificios y hasta nos quieren quitar una modesta pensión que ya hemos pagado con creces.

Antonio Pérez Collado
Secretario general de CGT-PV

Pensiones de lujo para los diputados y recortes para los trabajadores

Mientras el Gobierno pretende retrasar de 65 a 67 años la edad de jubilación, así como aumentar el periodo cotizado para determinar la cuantía de la pensión, los diputados nacionales y senadores aprobaron en 2006 un Reglamento de pensiones parlamentarias que les asegura justamente lo contrario: La reducción del tiempo necesario para tener derecho a pensión y grandes facilidades para conseguir que ésta, además, sea por la cuantía máxima.

A finales de ese año el órgano rector del Parlamento valenciano, presidido por Julio de España, aprobó por unanimidad un acuerdo idéntico al de Madrid. El Reglamento prevé que los ex miembros de las Corts que cuenten entre 7 y 9 años de mandato en el Legislativo tendrán derecho a una paga de la Cámara que les complemente la de la Seguridad Social, de manera que se les asegure el 80% de la pensión máxima; si suman entre 9 y 11 años de escaño, el 90% de la paga máxima; y si cuentan con más de 11 años, el 100%.

Para que un trabajador consiga la pensión máxima necesita amasar 35 años de cotizaciones y que los últimos 15 sean por la base máxima. La propuesta de ampliar a 25 años el cálculo de la pensión supondría, a efectos prácticos, una rebaja media de la pensión. Nada de esto afectará a los parlamentarios que, con 11 años, accederán a la paga máxima.