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El Tribunal de Justicia de la UE rechaza el ISDS incluido en los tratados intra europeos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió hoy la sentencia que dictamina que la cláusula arbitral incluida en el Tratado celebrado entre los Países Bajos y Eslovaquia sobre la protección de las inversiones no es compatible con el Derecho de la Unión. El dictamen afecta a otros 195 tratados bilaterales de protección de las inversiones firmados entre los Estados miembro de la UE.

Esta decisión no se aplica para tratados con terceros países externos a la Unión Europea, es decir en el caso del tratado con Canadá (CETA), el tratado con EEUU (TTIP) o los otros tratados en proceso de negociación con Vietnam, Indonesia, Australia, Japón, Nueva Zelanda, México, o el bloque del MERCOSUR. No obstante es una clara señal de que el TJUE no es favorable al ISDS ni a sus versiones maquilladas como el ICS.

“Esta es la primera vez que el TJUE tiene la oportunidad de dictaminar sobre el ISDS y la decisión es firme sobre la base de que estos mecanismos vulneran la autonomía de las Leyes europeas y esto es positivo para la sentencia pendiente sobre el ICS en el acuerdo con Canadá (CETA)”, según miembros de la campaña estatal “No al TTIP, CETA y TiSA”.

El caso fue remitido al Tribunal de Justicia de la UE después de que Eslovaquia impugnara una decisión de un tribunal de arbitraje que condenaba a Bratislava a pagar unos 22 millones de euros a la compañía de seguros holandesa Achmea por revocar en parte la liberalización del mercado eslovaco de seguro de enfermedad (revocando la privatización de la sanidad del anterior gobierno).

La campaña “No al TTIP, CETA y TiSA” considera que esta decisión contiene elementos favorables para eliminar el polémico sistema privado de resolución de controversias entre Estado-inversor conocido como el ISDS incluido en otros tratados bilaterales de inversión. Sin embargo, manifiesta que la Comisión Europea y los gobiernos nacionales pueden utilizar este fallo judicial para justificar la necesidad de poner en marcha el Tribunal Multilateral de Inversiones. La campaña recuerda que cualquier sistema que pretenda privatizar la justicia y ponerla en mano de inversores privados es una violación directa de la democracia y una merma de la capacidad de acción de los Estados.

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