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Federación Provincial de la Confederación General del Trabajo

 

 

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Manifiesto por la despenalización de la disidencia en la universidad. No al juicio a 25 estudiantes, 1 técnico y 1 profesor de la UAB


Aceptamos desde hace décadas que las universidades son un espacio donde debería reinar la libertad, el pensamiento crítico y reflexivo, la innovación teórica, el cuestionamiento de paradigmas políticos o científicos y el impulso a la construcción de referentes para la transformación de la vida social, en la dirección de la mejora de las condiciones de vida de las mujeres y los hombres que vivimos en el presente.

Por esa razón nuestra sociedad traslada al espacio universitario la producción de nuevos conocimientos y la transmisión al resto de la sociedad de los avances científicos y de la crítica de dogmas y de prácticas. En la realidad cotidiana del entorno de la mayoría de las universidades no siempre es así. Pero el reconocimiento de que las Universidades son lugares donde debe primar la libertad está asumido, y la libertad académica es uno de los principios que dan sentido al ámbito universitario, de acuerdo con las Recomendaciones de la UNESCO en su Conferencia General de 1997, y ratificadas por todos los Estados miembros de este organismo (1).
Como consecuencia de lo anterior, los ataques a la libertad académica, del profesorado o del alumnado universitario, son considerados un síntoma de que un Estado no se ajusta a los mínimos requeridos para ser considerado “democrático”, ni aún por las menos exigentes de las definiciones que se otorguen a ese término. Los procesos penales contra personal universitario, derivados del ejercicio de la adopción de posiciones disidentes ante el statu quo, de la manifestación de opiniones y posturas políticas o de la actuación para hacer públicas las mismas, se han asociado siempre a acciones de carácter autoritario, cuando no directamente antidemocráticas o fascistas.
En el Estado Español, una de las acciones de la dictadura del general Franco que mayor repercusión internacional tuvo, por lo que comportaba de ataque a la libertad académica y a cualquier principio rector del espacio universitario, fue la destitución de tres profesores en un proceso que se desarrolló durante las movilizaciones estudiantiles de 1965. En aquel momento, el Gobierno de Franco, a través de su Consejo de Ministros, expulsaba de la Universidad a los profesores José Luis López-Aranguren Jiménez, Agustín García Calvo y Enrique Tierno Galván, y sancionaba por dos años a otros dos profesores (2). Las acusaciones que impulsaron dicha actuación hacían referencia a la inducción a actividades subversivas al alumnado universitario, en el contexto de movilizaciones estudiantiles y de ocupación de facultades (“adhesión a la insubordinación”, “incitación y estímulo de manifestaciones colectivas”, “presencia al frente de reuniones estudiantiles”…) de acuerdo con la resolución del Tribunal Supremo de 1967 que ratificó la decisión (3). La Ley de Amnistía del año 1977 (Ley 46/1977, de 15 de octubre) revocaría esas decisiones gubernamentales y judiciales, ante la evidente naturaleza antidemocrática de la acción punitiva.
Durante los siguientes 50 años no se habían vuelto a producir situaciones similares, de acción represiva contra la disidencia en política universitaria. Hasta que hemos vuelto a ver como la acción del Gobierno, en este caso a través del Ministerio Fiscal, de nuevo actúa en contra de personal y alumnado universitario. Y con argumentos equiparables a los esgrimidos por las autoridades franquistas.
La movilización social contra las políticas de los recientes gobiernos del Estado Español, sobre todo desde el año 2010 coincidiendo con la llamada “crisis”, asociada al colapso en 2008 del capitalismo financiero, unida al impulso de un programa neoliberal extremo desde la Unión Europea y desde los gobiernos estatal y autonómicos, se incrementó notablemente.
En ese contexto, las movilizaciones estudiantiles se plantearon cuestionar una orientación de las universidades públicas hacia funcionamientos similares a los de las universidades privadas. Y, entre otras cosas, se plantearon hacer frente a la subida de tasas de matrícula, que seguían un ritmo de crecimiento que ha venido dificultando el acceso o la permanencia en la universidad de sectores cada vez más amplios de estudiantes. El sistema universitario del Estado Español se ha situado entre los más caros de Europa. Este fenómeno es especialmente acusado en Catalunya, donde las tasas universitarias han crecido por encima de las de otras universidades del Estado y la inversión pública en educación superior es una de las más bajas (4).
La protesta contra el precio de las matrículas universitarias, junto con la reclamación de que se detuvieran los despidos de personal derivados de los recortes en la financiación de las universidades, que se aplicaran las resoluciones aprobadas en el Claustro, y algunos aspectos organizativos impulsaron en el mes de abril de 2013 a diversos colectivos estudiantiles de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a trasladar la movilización al Edificio del Rectorado de la universidad. Como en muchas otras movilizaciones, el espacio del Rectorado fue ocupado, al igual que había ocurrido en las anteriormente mencionadas protestas durante el gobierno de Franco, o como se había hecho en otros países (“Mayo del 68”) o durante las luchas del Profesorado No Numerario (PNN) en los años de la llamada “Transición Española” durante los años 70 del siglo pasado. Formas de protesta que han tenido continuidad en múltiples ocasiones también en los últimos años.
La movilización estudiantil en la UAB contó rápidamente con el apoyo explícito de diversos sindicatos de trabajadoras y trabajadores de la Universidad y, a título individual, de docentes que impartieron clases en los espacios ocupados por el alumnado durante varias semanas.
La respuesta de las autoridades académicas fue el inmovilismo. Oídos sordos a las peticiones de diálogo. Ninguna concesión a lo que, en definitiva, eran las resoluciones del órgano más plural de la universidad: el Claustro. Finalmente, al cabo de un mes la ocupación del Rectorado fue abandonada por voluntad propia de quienes la protagonizaban.
Mientras, el Rector de la UAB y diversos miembros de su Equipo de Gobierno denunciaron a la policía y a la fiscalía a una serie de integrantes de la comunidad universitaria que eran conocidos por su participación en movilizaciones dentro de la misma universidad y por sus posiciones críticas. Entre las personas denunciadas hay 25 alumnos. Y también un profesor y un trabajador del PAS (Personal de Administración y Servicios) que, además de ser representantes sindicales, habían tenido un papel relevante en una candidatura anterior al Rectorado, así como en diversas movilizaciones en defensa del carácter público de la universidad. El profesor encausado, Ermengol Gassiot, además de docente de arqueología prehistórica, es actualmente secretario general del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) de Catalunya. Por otro lado, el miembro del PAS encausado, Jordi Gassiot i Pintori, es técnico medio (audiovisuales) de la UAB y actualmente forma parte de la Coordinadora Nacional Confederal de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC).
Al inicio de este pasado mes de julio hemos sabido que la Fiscalía ha solicitado formalmente penas de un mínimo de 11 años y 5 meses de cárcel para las 27 personas, además de una prohibición de pisar la UAB durante 5 años. Nos encontramos con que las Instituciones españolas vuelven a actuar contra la disidencia universitaria, como en época del Gobierno de Franco, y buscando un castigo desorbitado, que supera incluso al que la Dictadura impuso en 1965. Y los argumentos no se apartan de los que encontrábamos entonces. En su escrito de acusación el fiscal utiliza las militancias sociales, sindicales y políticas de los y las encausadas para argumentar que seguían un “plan criminal”, que se incentivaba e impulsaba de manera conspirativa la movilización estudiantil (5).
El escrito de acusación del fiscal garantiza que todos los encausados/as van a ser juzgadas y, a tenor de las elevadas peticiones, con un riesgo real de ser condenadas. Y sería la primera vez desde hace más de 40 años que universitarios/as van a la cárcel por su postura política dentro de la misma universidad, por levantar la voz ante lo que consideran injusto, por ser disidentes.
Por todo esto, los y las firmantes de este manifiesto, trabajadores/as y miembros de universidades de Catalunya, del resto del Estado Español y del mundo, hacemos un llamamiento de alerta. Nos preocupa profundamente una situación que puede ser indicativa de la pérdida de pluralismo y de libertad en las universidades. Consideramos que el pensamiento crítico y el debate público abierto y dinámico son activos imprescindibles del mundo académico y que esta denuncia, este procesamiento penal, abre de nuevo un camino aterrador que, si no reaccionamos con firmeza, nos conducirá a la progresiva expulsión de la libertad de pensamiento de la Universidad.
Por todo lo expuesto, solicitamos:
1) A la Universitat Autònoma de Barcelona, que a través de su nuevo Equipo de Gobierno retire la demanda civil que todavía mantiene contra los y las encausadas y, especialmente, que manifieste públicamente su desacuerdo con la persecución penal de miembros de la comunidad universitaria: estudiantes, (ex)estudiantes y trabajadores, tanto docentes como de administración y servicios.
2) A las autoridades judiciales, que emprendan las actuaciones pertinentes para archivar la causa judicial sin ninguna acción contra las personas encausadas.
3) A las instituciones competentes en política universitaria, científica y judicial, que lleven a cabo las medidas oportunas para cerrar este proceso, tanto en su versión penal como civil.
4) A todas las formaciones políticas, sindicatos y otras organizaciones sociales, que mantengan un compromiso inequívoco para garantizar la libertad de expresión, la libertad política y la libertad académica en las universidades de Catalunya y del resto del Estado Español.
PARA FIRMAR ESTE MANIFIESTO, COMPLETA EL SIGUIENTE FORMULARIO

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